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Por Rodolfo Urribarri

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La gente está intoxicada por la reiteración abusiva de las noticias cada vez más destacadas y truculentas realizadas por los medios (en una carrera de competencia amarillista), que exacerba la sensación de riesgo y temor, consecuentemente los reclamos en demanda de protección y seguridad.

Los diversos poderes ante esto juegan “al gran bonete”, tratan de exculparse pasando la responsabilidad a otro. El Ejecutivo, hasta ayer garantista e innovador que se jactó de logros como la nueva composición de la Corte Suprema con reconocidos juristas independientes y también por la política de derechos humanos y sus juicios a los genocidas de la última dictadura militar, hoy acusa a los jueces por excarcelar y no penar. La Justicia alega que cumplen con la ley y es la policía quien realiza procedimientos que no se ajustan a la ley y se prolongan detenciones en hacinadas comisarías, lo que redunda en excarcelaciones, que los medios trastruecan y transforman en absoluciones. Por otra parte, los legisladores, escuchando el “clamor popular”, ceden a sus presiones y la de los medios, legislando a las apuradas para aplacar el reclamo; creyendo que con mano dura, incremento de penas, etc., todo se va a arreglar, como fogonea la más rancia derecha vernácula.
Ya tuvimos hace poco la experiencia con el falso ingeniero, que del dolor de una terrible pérdida se recibió de especialista en derecho penal y de experto en medidas de seguridad, movilizó una multitud de gente atemorizada y conmovida por su dolor, que logró una serie de leyes que no contribuyeron a disminuir los delitos como él pregonaba. Luego de caer en descrédito y eclipsarse, sus argumentaciones se reciclan.
Tras el reclamo de mano dura, se agazapa la mano militar, que se sostiene en la falaz afirmación de que durante los “gobiernos militares” decrece la delincuencia; esto oculta que durante las dictaduras solo decrece la información de los hechos, en general por la connivencia de los dueños de los medios con la jerarquía gobernante, por miedo o por efecto de la censura.
Otra reaparición es la de estigmatizar a la juventud como responsable. Hace más de treinta años, uno de los slogans de los militares para justificar su abuso de poder era combatir a una juventud extraviada que ejercía violencia armada, el ser un joven pelilargo, con ropas no convencionales, en grupo y contestatario, eran suficiente motivo para la persecución y/o detención. Así se encubrió la violencia criminal organizada desde el Estado, el robo, las apropiaciones y negociados.
Hoy el mismo argumento de responsabilización de los jóvenes se aggiorna a la delincuencia y se promueven castigos mayores para los “villeros” criminales. Se sabe desde hace mucho que las dificultades económico–sociales incrementan la delincuencia, entonces lo razonable no es más persecución policial, más severidad judicial, mayores penalidades, del código, más cárceles, sino una política que se preocupe por revertir la profunda desigualdad social que las últimas décadas han impuesto en nuestro país, que posibiliten a lo largo de una acción convergente y sostenida que los niños y jóvenes vuelvan a creer en un futuro posible y que se les ofrezca inserción laboral y de progreso, renovando la esperanza perdida, y se vaya progresivamente diluyendo la violencia reactiva que albergan. Que puedan concurrir a la escuela, a centros deportivos, donde sean respetados, comprendidos, ayudados y no recluidos, estigmatizados, en centros de detención donde son degradados, vejados, violados, dominados y que en pocos años se transforman en psicópatas irrecuperables.
A la mano dura se agrega nuevamente la “necesidad” de bajar la edad de imputabilidad dado que, según afirman, hay más delitos cometidos por jóvenes. No sabemos si es o no verdad dicha afirmación, dado que en nuestro país no hay en general buenas investigaciones y estadísticas.
Ocurre algo similar al prejuicio sobre las adicciones y los jóvenes. No solo hay adultos que consumen drogas con habitualidad, sino que cuando los dealers apuntan a los jóvenes es porque saben que son los más proclives por el momento vital que transitan y porque los que persisten les aseguran un mercado duradero a futuro. Además, estigmatizando a los jóvenes se niega que los productores, contrabandistas, comercializadores, distribuidores, así como los funcionarios venales, dueños de boliches, policías corruptos y otros involucrados son adultos. También detrás de los actuales “pibes chorros” hay adultos que incitan, administran, especulan, explotan con ellos.
En cuanto a la edad de imputabilidad, en mi condición de psicólogo especializado en adolescencia, quisiera expresar mi opinión a tal propuesta: es más un “manotazo de ahogado” y que distrae el verdadero eje de lo delincuencial.
Los adolescentes adquieren en relativamente poco tiempo muchas habilidades y capacidades que en ciertos aspectos los homologan y a veces superan a los adultos (tamaño corporal, fortaleza, potencia, vigor, pujanza, pensamiento lógico, genitalidad, posibilidad gestante), pero que requieren de un tiempo de procesamiento para la incorporación y acomodación de lo nuevo. Por otra parte son característicos de esta situación los altibajos anímicos, la tendencia al apresuramiento y la desmesura, así como los conflictos y enfrentamientos con los padres y la autoridad, en su lucha de separación y anhelo de autonomía, también condicionados por los grupos de pares, de pertenencia y la exaltación de personajes que se toman como modelos.
Sienten que pueden hacer y acceder a lo que en años de infancia no podían, los acosan sensaciones y afectos intensos, avanzan con ímpetu, con dificultad de advertir los riesgos y en el apremio quieren que el futuro sea ya. Al decir de un viejo maestro, parecen tener todo, pero les falta encauzar los afectos, lograr un control racional y prospectivo, con plena responsabilidad y conciencia sobre sus actos. Esto que parece sencillo, lleva tiempo, sinsabores, riesgos, y difícilmente se logra antes de los 18 a 20 años, en el mejor de los casos.
Por tales motivos la baja en la edad de imputabilidad es un absurdo que nada va a resolver y en cambio va a propender a encaminar al joven a la escuela avanzada de criminalidad, que se dicta en el ámbito de los institutos de reclusión de menores.
Por otra parte, el contexto familiar y social de los jóvenes que delinquen viene en general precedido de una infancia carenciada, de un medio violento con primacía de la acción y no de la reflexión, con la imperiosa perentoriedad en vez de la perspectiva futura (en presente continuo), con grandes déficit educacionales y otros factores negativos que dificultan la estructuración psíquica infantil y consecuentemente no están bien asentados los basamentos que les posibiliten enfrentar con ciertas posibilidades de éxito los embates puberales y los desafíos de la adolescencia. Por ello este sector juvenil marginalizado y desposeído es aún menos capaz que el resto para responsabilizarse plenamente de sus actos en edades más tempranas de las que hoy marca la ley. En caso de bajarse la edad de imputabilidad contribuiría a empujarlos a una caída sin retorno, que solo beneficiaría a los constructores de cárceles, a los traficantes de armas y a los funcionarios corruptos.

Rodolfo Urribarri es profesor consulto titular (UBA). Asociación Psicoanalítica Argentina.